En el presente año, enero de 2016, entró en vigor la Ley 35/2015, cuya finalidad es la reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
En la expresa ley, se deroga el anterior baremo, que ha estado en vigor durante 20 años, y se establece un nuevo sistema para calcular las nuevas indemnizaciones en los accidentes de circulación, acaecidos a partir del 1 de enero de 2016.
El legislador justifica en el preámbulo, que esta nueva ley pretende la total indemnidad de los daños y perjuicios sufridos por la víctima, para que quede en una situación, lo más parecida posible, a la que tendría de no haberse producido el accidente.
También se indica que la reforma implicará una mejora del anterior sistema, al incrementar la cuantía de las indemnizaciones, si bien, algunos autores consideran que tal incremento sólo resultará apreciable en las lesiones de cierta entidad, o para el caso de muerte, pero no para otro tipo de lesiones leves, o de menor entidad, ni tampoco en las de naturaleza cervical, que son la gran mayoría.
De otro lado, y en relación a los contratos de seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos, hay que prestar atención a la cobertura de la defensa jurídica que la mayoría de las aseguradoras incluyen en sus pólizas, ya que, en la medida en que dicha cobertura contemple el derecho a la libre elección de abogado, el asegurado, conductor, propietario u ocupante del vehículo, podrá hacer uso de tal posibilidad, encomendando la defensa de sus intereses al abogado de su confianza, rescatando el importe de los honorarios generados, con cargo a la aseguradora, si bien, dentro del límite fijado en las condiciones particulares de la póliza.